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Tres errores restan validez a informe sobre ‘Pandora Papers’.

2021-11-08 19:07:15

Tomado de: La Hora Ecuador.

Falta de pruebas y recomendaciones imprecisas son algunos de los errores que se evidencian en el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales.
Faltas de ortografía, error en sintaxis y desconocimiento de normas como la Constitución y el Código Integral Penal (COIP) configuran puntos débiles en el informe sobre los ‘Pandora Papers‘ entregado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea.
Ese informe de mayoría se aprobó con 6 votos a favor (PK y UNES), dos en contra (oficialismo) y una abstención de Sofía Sánchez de Pachakutik.
El documento, que concluye en que el Presidente Guillermo Lasso incumplió la Ley del Pacto Ético de 2017, que prohíbe a candidatos presidenciales y funcionarios públicos tener bienes en paraísos fiscales, no solo tiene errores de forma sino también fallas significativas de fondo.
Falta de pruebas
El principal desacierto que presenta el documento de más de 200 hojas tiene que ver con las conclusiones. Para el abogado constitucionalista André Benavides, “no se hace referencia a hechos comprobados que puedan generar responsabilidad política, administrativa o penal en contra del Presidente de la República”.
Es decir, la información de ese documento se basa en antecedentes de hecho, en pruebas presentadas por el mismo Presidente y notas de prensa que son de conocimiento público, pero no en una investigación profunda con pruebas contundentes.
Recomendaciones imprecisas
La principal conclusión que establece este informe es que el caso ‘Pandora Papers‘ generaría “(…) grave crisis política, conmoción e inobservancia interna del mandado popular sobre paraísos fiscales”, por lo cual se estaría configurando la causal del Art. 130 numeral 2 de la constitución y, como consecuencia, la destitución del presidente.
Sin embargo, desde el punto de vista de Benavides, el tema de ‘Pandora Papers‘ no encaja en esta causal debido a que existe un dictamen de la Corte Constitucional que indica cuál es el alcance de la grave conmoción social. “La Corte dice que esto se determina cuando existen hechos reales que pueden generar afectación a la seguridad del país, a la institucionalidad y a la convivencia ciudadana. Los papeles de Pandora simplemente no entran en esta causal”, indica Benavides.
El Presidente no tiene obligación de comparecer en la Asamblea
Además, bajo este elemento, la Comisión de Garantías Constitucionales recomienda que, en un plazo de 8 días, el Presidente comparezca frente al Pleno de la Asamblea para rendir versiones y entregar información solicitada.
No obstante, según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, los únicos motivos por los cuales el Presidente tiene que comparecer obligatoriamente en el Pleno de la Asamblea Nacional es para presentar su informe anual de labores y en caso de que hubiera un juicio político en su contra. Por lo tanto, el Presidente no tiene la obligación de asistir porque no hay, de por medio, una consecuencia jurídica.
Con esto coincide el analista político, Mauro Andino, quien señala en su cuenta de twitter que “en estricto derecho, el Presidente Lasso podría negarse -otra vez- a comparecer a la Asamblea, sin que esto le signifique alguna consecuencia jurídica, más allá del descrédito ante el Parlamento y la ciudadanía que tendrían serias dudas sobre las razones de su evasiva”.
En definitiva, el informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales deja entrever que una de sus intenciones “radica en impulsar la destitución del Presidente”, a través de una posible muerte cruzada; no obstante, según las conclusiones y recomendaciones del informe presentado, no existirían los suficientes argumentos y pruebas para incurrir a este hecho que, según el comunicado oficial del Ministerio de Gobierno publicado el 6 de noviembre, “sería una conspiración para desestabilizar al sistema”.
Más pruebas
Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, comunicó que el miércoles 10 de noviembre entregará más información sobre el tema, producto de una serie de investigaciones realizadas por él, en la que se vincula a los papeles de Pandora a más actores del país. Llamado de la Presidenta Llori para conocer los resultados del informe
Hasta el momento se conoce que la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, a través del sistema Zimbra, notificó a los 137 asambleístas con el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales para su conocimiento. Este proceso se realiza previo a que se convoque a sesión en la que se debe analizar el documento y aprobarlo o desecharlo.
(MFU)



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A cinco días del diálogo entre grupos sociales y el Gobierno, se radicalizan posturas.

2021-11-08 19:04:45

Tomado de: El Universo Ecuador.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, está dispuesto a discutir con la Conaie, pero "no" con el dirigente indígena Leonidas Iza.
El diálogo entre los movimientos sociales y el Gobierno de Guillermo Lasso se balancea sobre la postura de quién estará dispuesto a ceder en uno de los ejes fundamentales de la discusión: los precios de los combustibles.
Para el próximo 10 de noviembre, el presidente Lasso ha convocado a la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y los dirigentes del Parlamento de los Pueblos a un encuentro a las 17:00, anunció el vocero de Carondelet, Carlos Jijón.
El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, no ha confirmado su presencia en ese acto, pues ha dicho que esperará a que el consejo de gobierno y las bases del movimiento lo autoricen.
Mientras, el jefe de Estado dijo que no se reunirá con Iza, sino con la Conaie (que agrupa a las regionales de la Confeniae, Conaice y Ecuarunari).
En la víspera, en una entrevista con la cadena internacional de noticias BBC, Lasso expresó que cuando vuelva a Ecuador, al culminar su periplo por Europa, se encontrará con la Conaie, no con Leonidas Iza.
“Es hora de un Plan Ecuador”: el presidente Lasso dice en entrevista con la BBC que su país necesita ayuda para enfrentar el narcotráfico
“Con el señor Iza, no. El señor Iza es un golpista. Y un presidente democrático no puede hablar ni negociar con un golpista que emula al personaje Joker de Batman, que es un personaje anarquista. El líder indígena es un anarquista. Promueve solamente la destrucción de todo lo que existe”, enfatizó el gobernante ecuatoriano a la BBC.
Iza en cambio está participando en las asambleas provinciales de organizaciones afines a la Conaie, en las que se ratifica el llamado a “retornar a las calles” para que se cumpla su exigencia de que se reduzcan los precios de los combustibles, de $ 2,55 el galón de gasolina extra a $ 2,10; y del diésel, de $ 1,90 a $ 1,50.
La última asamblea se efectuó en el pueblo Saraguro, en Loja, el pasado miércoles, en la que se declararon en resistencia en contra de las políticas económicas del régimen.
Ahí, Iza aclaró que no se ha levantado la movilización que se inició el 26 y 27 de octubre, y que solo retornaron a las comunidades para continuar instalando asambleas comunitarias, en donde “en unidad decidiremos la fecha de retornar a las calles”.
Aseguró que hay predisposición al diálogo, pero “con resultados, que tenga oídos, que pretenda resolver los problemas” del país.
En una misma línea, pero del lado contrario, está el Gobierno, que defiende el incremento de los costos de la gasolina y el diésel por la necesidad de recursos.
El vocero de la casa de Gobierno, Carlos Jijón, resaltó ayer en una entrevista en Ecuavisa la predisposición al diálogo “con todos”, pero con la aspiración de que se ceda, tomando en cuenta la necesidad de recursos.
“El Gobierno ya cedió. Hay que ver en qué está dispuesto a ceder la Conaie… El Gobierno ya cedió. La pregunta es: ¿en qué va a ceder usted?, ¿puede la Conaie escuchar los puntos de vista del contrario? ¿Qué va a ceder la Conaie?”, afirmó Jijón.
El presidente de la Ecuarunari, Carlos Sucuzhañay, confirmó ayer que el planteamiento al Gobierno es claro. “Eso no hay discusión”, manifestó en referencia a que se bajen los precios de los combustibles, pues al suspender su incremento, pero con un alza, se afectó la economía de los sectores populares.
Insistió en que este tema se discute en las provincias, en donde se definirá la gran movilización.
Gobierno destina $ 572 millones menos a subsidios en combustibles que los calculados en 2021, según proforma presupuestaria 2022
Así, por ejemplo, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se convocó a una asamblea para analizar y evaluar la movilización del 26 y 27 de octubre; y resolver sobre un informe de la situación actual del país con Guillermo Lasso como presidente.
El próximo lunes se reunirá la Federación de Organizaciones de la Nacionalidad Kichwa de Sucumbíos para, entre otros temas, conocer y ratificar las resoluciones frente a los decretos ejecutivos presidenciales.
Ello, porque a las organizaciones de la Amazonía no solo les preocupa el incremento de los valores de los combustibles, sino que también rechazan los decretos sobre la ampliación de la explotación minera y petrolera.
Del lado del Frente Unitario de Trabajadores (FUT), que es parte del Parlamento de los Pueblos, se convocará a una convención nacional para definir las siguientes acciones, después de la protesta que encabezó en Quito el pasado 26 de octubre.
Hasta el momento, el gremio sindicalista no informó cuándo se realizará esa convención, en la que pretenden resolver sobre una declaratoria a la huelga para que el régimen retroceda en el alza de los precios de los combustibles y discuta sus propuestas para reformas laborales.
(I)



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La última carta de la Asamblea Nacional.

2021-11-08 18:46:02

Tomado de: La Hora Ecuador.

Hace un par de semana, a propósito de los Diálogos de Cusín, me propuse el objetivo de escribir algunas columnas consecutivas que abordasen la problemática de la política fiscal del país. Pero la última carta que se ha jugado la Asamblea Nacional me obliga dejar en pausa mi intención de aportar al debate público para el proyecto de un país sustentable a largo plazo, desde esta columna, y hoy les invito a leer el reciente informe emitido por la COMISIÓN ESPECIALIZADA PERMANENTE DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, DERECHOS HUMANOS, DERECHOS COLECTIVOS Y LA INTERCULTURALIDAD, de la Asamblea Nacional sobre los “Pandora Papers”, un documento que constituye un escándalo más en la paupérrima gestión del Legislativo.
El informe consta de 241 páginas, de redacción burda y llega a conclusiones obscenas. No se aborda la denuncia de la pieza de investigación periodística, que sugiere la existencia de empresas en paraísos fiscales vinculadas al patrimonio del Presidente de la República. No se analiza desde lo jurídico sino desde lo político, porque el patrimonio en paraísos fiscales no implica necesariamente evasión de impuestos, puede también tratarse de la búsqueda de mayor seguridad jurídica que ofrece algunas de esas jurisdicciones.
El informe en mención, usa artificios para proponer una causal de incumplimiento de funciones que conlleve la destitución del primer mandatario. Un atentado al Estado de derecho y al sentido común.
En la sesión de la comisión del pasado día viernes, ninguno de los asambleístas involucrados se atrevió a ser ponente de dicho documento y así entre diversas irregularidades, juntaron votos para que se apruebe y pase a debatirse en el pleno.
La respuesta ante tanta oscuridad en la gestión pública es la transparencia. Los golpistas desde la Asamblea se jugaron esta última carta desesperada de desestabilización del gobierno nacional.



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Desde este martes 9 de noviembre solo el 50 % de buses urbanos circularán en Guayaquil, anuncian transportistas

2021-11-08 18:42:21

Tomado de: El Universo Ecuador.

La Fetug decidió adoptar esta medida para que se realice un estudio técnico respecto al posible incremento del valor del pasaje.
Cristian Sarmiento, presidente de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas (Fetug), anunció que a partir de este martes 9 de noviembre los buses urbanos en Guayaquil laborarán con el 50 % de unidades, tras no concretarse ninguna reunión con la Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) ni con la alcaldesa Cynthia Viteri sobre el tema de la revisión de pasajes solicitado por este gremio.
“Mantenemos la misma tarifa cuando sufrimos una elevación de $ 0,87 del principal insumo para poder tener la movilidad de todos los vehículos, el diésel”, dijo el presidente de la Fetug.
Sarmiento indicó que cuando sube el diésel, suben todos los insumos, aceites, llantas, hasta la mano de obra.
“Me enviaron una comunicación en la que la alcaldesa Cynthia Viteri indicó que la entidad que puede regular o generar ese tipo de conversatorios para analizar el tema de la transportación es la ATM. Esperábamos tener una reunión con ella”, dijo.
Días atrás, los transportistas acudieron al Municipio para solicitar una revisión de las tarifas. Viteri se adelantó y anunció que no se subirán los pasajes en la ciudad.
“Ya no hay para llantas, los neumáticos que están ocupando los carros se van a acabar. Nosotros sabemos la obligación que es de transportar a los usuarios, si dejáramos de trabajar, esto sería un caos”, enfatizó el dirigente gremial.
Usuarios reclaman por cambio de recorridos de dos líneas de buses de Durán, que ahora no llegan al centro de Guayaquil
El principal del ramo de transportistas del Guayas expuso que si continúan laborando con toda la flota, malgastan recursos. “El otro 50 % de buses se mantendrá estacionado, no desperdiciaremos nuestro recurso limitado”, indicó.
“No presionamos o causamos una acción por parte de la Alcaldía, trabajaremos con el 50 % para cuidar los pocos bienes que nos quedan”, puntualizó.
Los transportistas esperan que se dé un estudio técnico, conforme a todas las variables como los datos del kilometraje, el combustible, capacidad de pasajeros, gastos preventivos que se tienen que hacer a las unidades para que estén en buen estado, entre otros. “Quiero romper un tabú de lo que nunca han querido hacer, presentar técnicamente cuál es el valor de la tarifa”, añadió Sarmiento.
Reacciones de usuarios
En las calles porteñas hay diversas reacciones sobre una eventual alza. Carlos Rodríguez, usuario que se desplazaba en Guayaquil, comentó que en su momento se debió tener un aumento, pero que ahora la situación es difícil para todos. “El precio de la gasolina se ha disparado, no sabemos qué pasará después de un año. Los servicios de los buses deberían mejorar para que así aumente el valor de los pasajes”.
Ángel Arcos relató que diariamente utiliza el transporte público y que se debería innovar los equipos. “Si el servicio mejora, pagaría de 35 a 40 centavos, ya 50 centavos sería demasiado”.
Pedro Cárdenas, otro usuario de la transportación, dijo que “el incremento está bien porque tiene algún tiempo que no ha subido. Si se da el alza de los pasajes, estaría dispuesto a pagar unos 5 centavos más”.
Incremento en Manta
El presidente de la Fetug resaltó que Manta estuvo trabajando con el 60 % de la flota de buses. “El alcalde supo solventar su carga política con 181 carros. Yo tengo más de 2.650 buses urbanos”, indicó.
“Si sacamos a laborar todos los buses que tenemos, nos quedamos sin transporte dos meses. Esta nueva administración de la federación nunca se va a paralizar. Queremos demostrar a las autoridades las condiciones del transporte público, nunca he paralizado y nunca lo haré”.
Sarmiento recalcó que en lugar de transportar 750 pasajeros diarios, por cuestiones de pandemia, actualmente abordan los buses cerca de 450 pasajeros. “Ellos ganan al día cerca de 30 dólares, dinero que no alcanza para mantener a sus familiares”, añadió.
Futuras implementaciones en buses urbanos
El directivo de los transportistas en Guayas sostuvo que en estos momentos lo importante es dar seguridad al pasajero. “Lo principal es la implementación de cámaras de seguridad en todos los buses de la ciudad”, precisó.
Agregó además que es prioritario instalar aire acondicionado a los vehículos de transportación debido a las condiciones del clima de Guayaquil que exige contar con ese recurso, pero con una tarifa diferenciada.
“Aquí ganamos todos, imagen, trabajo y movilidad. Imagen es el Municipio, como autoridad competente, trabajo que efectúan los transportistas y movilidad de los usuarios”, comentó el directivo.
(I)



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Asambleísta de Pachakutik asegura que se alteró informe sobre la investigación de los Pandora Papers.

2021-11-08 16:07:38

Tomado de: El Universo Ecuador.

Édgar Quezada asegura que no existe un solo documento que sustente el incumplimiento del presidente de la República del artículo 130.2 de la Constitución.
El informe final sobre los Pandora Papers sufrió modificaciones en el último segundo de su aprobación, pues el acuerdo inicial de los asambleístas de Pachakutik era dejar que el pleno decida, porque no existe un solo documento que sustente la primera recomendación relacionada con el incumplimiento del presidente de la República al pacto ético, definido en consulta popular en 2017.
Lo reveló el legislador Édgar Quezada, del movimiento Pachakutik y miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales que investigó sobre los papeles de Pandora y la supuesta vinculación del primer mandatario tras la publicación de una filtración de archivos que revela vinculaciones de personajes políticos con empresas que poseen bienes o capitales en paraísos fiscales.
Quezada habló en la Asamblea Nacional, al tercer día de haber aprobado el informe de la comisión legislativa, con lo cual se desmarca del informe que fue aprobado el viernes pasado con seis votos, incluido él.
Los demás sectores políticos como la Izquierda Democrática, Partido Social Cristiano, la Bancada Acuerdo Nacional e independientes cuestionan el informe elaborado por la mesa legislativa por falta de sustento constitucionales y anuncian que no tendrá su respaldo en el pleno.
Bloques legislativos afinan posturas políticas frente al informe de los Pandora Papers
La primera recomendación que cuestiona el legislador Quezada señala: “Se verifica la inobservancia por parte del presidente de la República al pacto ético aprobado mediante consulta popular en el 2017 y a la Ley Orgánica de aplicación de la consulta popular, lo que configura el incumplimiento constitucional a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución de la República del Ecuador, por grave conmoción social y afectación al mandato popular sobre paraísos fiscales que facilitan estructuras que afectan a los intereses económicos y tributario del Estado y, en consecuencia, a las y los ecuatorianos más vulnerables”.
El legislador Quezada manifestó que es preocupante que por decisión de último minuto, porque el equipo de Pachakutik en la Comisión de Garantías decidió otras cosas, aparezcan otras cosas en el informe, lo cual llama la atención, anotó.
Quezada explicó que en el primer llamado votó por el informe, pero ya en la ratificación se abstuvo porque se percató de que en el último segundo cambian dos situaciones que no debieron haber cambiado, y que no se acordó con los cuatro miembros de Pachakutik, delegados en esa mesa legislativa.
Aclaró que en ningún momento se acordó incluir como recomendación el supuesto incumplimiento constitucional por parte del presidente de la República a lo dispuesto en el artículo 130.2 de la Constitución de la República, donde se señala que la Asamblea Nacional puede destituir al presidente de la Republica por “grave crisis política y conmoción interna”.
Lo que sí se acordó, reveló Quezada, representante de Sucumbíos, es que sea el pleno de la Asamblea el que decida con la información de la Comisión, porque no existe un solo documento que sustente de manera fehaciente esa recomendación.
Igualmente, dijo que se pidieron 20 días de prórroga, sin embargo, “de la noche a la mañana deciden que no es necesario y que tienen el cien por ciento de las pruebas como tal, eso hace que la Comisión se quede sin el tiempo necesario para seguir recabando la información que se esperaba de Panamá, de otras instituciones y se decide emitir el informe”.
Por ello, agregó que en la parte de las recomendaciones se dice que después de que el presidente de la República comparezca ante la Asamblea, la comisión nuevamente va a conocer el caso. Eso es también lo que se cambió a último segundo y lo que no se acordó previamente como Pachakutik, afirmó.
Manifestó que antes del informe se evaluó que no había una justificación de conmoción social, y por lo tanto, debe ser el mismo pleno de la Asamblea el que debe resolver tal situación.
Quezada insistió ante la prensa que el numeral 1 de las recomendaciones del informe sobre el caso Pandora no estuvo incluido en el informe previo a ingresar a la sesión, y es a último segundo que lo incluyó el presidente de la Comisión, José Cabascango (Pachakutik).
Anunció que van a evaluar en Pachakutik sobre lo que pasó con Cabascango, que a último momento cambió el texto de las recomendaciones sin consultar a los legisladores de su bancada y que integran la mesa; por lo tanto, fue una decisión personal. “Eso deberá responder el señor presidente de la Comisión”, subrayó.
Dijo que el bloque se reunirá a evaluar y tomará la decisión de manera colectiva, y que este martes 9 de noviembre habrá un consejo político de Pachakutik para el efecto. Intento de desestabilización
El coordinador de la Bancada Acuerdo Nacional (BAN), Juan Fernando Flores, sostuvo que no solo queda las dudas de la capacidad de quienes integran la Comisión de Garantías Constitucionales, sino que no han quedado dudas de lo que buscan los que están detrás del informe.
Afirmó que la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES) pretende a través de ese documento buscar la destitución del presidente de la República, Guillermo Lasso, y que frente a ello la bancada oficialista está de pie para defender la democracia.
“Si creyeron y pretendieron que la Asamblea Nacional sea el espacio que van a usar para jugar con la democracia en este país, se equivocaron”, sostuvo Flores, quien agradeció a los bloques como el Partido Social Cristiano, Izquierda Democrática y una gran mayoría de asambleístas de la bancada de Pachakutik por haberse sumado a la defensa de la institucionalidad.
Destacó que el propio asambleísta Édgar Quezada, miembro de la Comisión de Garantías, denuncia que fue alterado el informe que inicialmente se iba a aprobar.
Flores dijo que como bancada responderán con todo el peso de la Ley, porque quienes pretendan delinquir en este país y utilizar la institucionalidad para jugar a romper la democracia tendrán su respuesta.
El intento de desestabilización democrática ha sido claro por parte de la bancada de UNES, y no solo por un informe que trata de demostrar algo que ellos mismo pudieron demostrar, aseguró Flores, sino que a los pocos minutos de aprobado el informe difundieron un video pregrabado donde se hablaba que el presidente de la República, Guillermo Lasso, debería hacerse a un lado y el interlocutor de ese video es el prófugo de la justicia ecuatoriana Rafael Correa Delgado, por lo tanto, hay una intención de generar inestabilidad, apuntó.
Dijo que una vez que se convoque al pleno de la Asamblea para conocer el informe, la bancada oficialista pedirá que se conozca el informe de minoría donde se demuestra que no existe ningún elemento ni prueba que pueda comprobar relación alguna del primer mandatario con Pandora Papers, pero en especial que se archive ese informe, con lo cual quedará sentado que a la Asamblea Nacional no le compete atender esto, sino a la Contraloría y Fiscalía General del Estado que ya han iniciado procesos.
(I)



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El Ministro de Defensa verifica los daños causados a radar del cerro Montecristi.

2021-11-08 15:58:39

Tomado de: Expreso Ecuador.

El ministro de Defensa, Luis Hernández, se trasladó este lunes hasta la provincia de Manabí para constatar los daños causados a un radar tras una explosión ocurrida el domingo, y cuyo origen aún se desconoce.
Hernández verificó las instalaciones del cerro Montecristi "a fin de constatar los daños causados en el radar", indicó el Ministerio de Defensa en un mensaje en su perfil de Twitter, en el que colgó cuatro fotografías del funcionario en la zona.
El domingo, el Ministerio de Defensa no descartó un posible atentado contra un radar para el control del narcotráfico en la zona de Montecristi, en Manabí.
En un comunicado, indicó que la madrugada del domingo se registró una explosión en el radar, que fue instalado recientemente en Montecristi con el objetivo de vigilar el espacio aéreo y detectar el eventual paso de aeronaves usadas para el narcotráfico.
Personal de la Policía y de las Fuerzas Armadas han desplegado investigaciones a fin de recabar datos y tratar de esclarecer este suceso.
"De momento no se podría descartar un posible atentado terrorista" como la causa del siniestro, añadió el Ministerio el domingo tras precisar que las investigaciones también apuntan a determinar los daños causados al funcionamiento del sistema de radar.
El Ministerio de Defensa, en su texto, aseguró que las Fuerzas Armadas se mantienen "alertas para cumplir con su misión de garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial y continuar trabajando incansablemente para salvaguardar la seguridad y la paz de la población".
Dicho sistema estaba destinado, entre otros objetivos, a ejercer "el control del espacio aéreo, marítimo y terrestre, evitando así las actividades ilícitas", agregó el Ministerio en su boletín sobre el suceso, del cual no se ha informado si dejó víctimas.
El radar de Montecristi entró en funcionamiento el pasado 27 de octubre y, según versiones preliminares, se investigaba también si un fallo en la bomba de engranaje del dispositivo provocó el estallido, que se escuchó en poblaciones cercanas.



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Usuarios protestaron por cambios en los recorridos de buses de Durán a Guayaquil.

2021-11-08 15:54:57

Tomado de: Expreso Ecuador.

Se instalaron en un tramo de la Pedro Menéndez Gilbert. Aseguran que con el nuevo recorrido pagan hasta doble pasaje.
Diferentes usuarios de las cooperativas de buses del cantón Durán realizaron un plantón en un tramo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, al norte de Guayaquil, para solicitar que las unidades regresen a sus recorridos que tenían hasta el pasado 29 de octubre.
En la manifestación, realizada la mañana de este lunes 8 de noviembre, participaron dirigentes de colectivos ciudadanos, quienes aseguran que, con el cambio de ruta de los buses quienes ya no ingresan al cuadrante de las calles Antepara, Luis Urdaneta, José Mascote y Vicente Piedrahita; se quejan que ahora tienen que pagar hasta doble pasaje para llegar a sus destinos.
"Si antes pagábamos 80 centavos ahora con el cambio es $ 1,50, y si cogemos la aerovía pagamos hasta $ 2. Es una obligación y nos oponemos", señaló Alfredo Carrasco, presidente del Comité de Usuarios de Servicios Básicos de Durán.
En el plantón los usuarios portaron pancartas con leyendas alusivas a sus pedidos. Esperan que la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) permita que las unidades vuelvan a los recorridos que tenían antes.
En una publicación, la entidad argumentó que el cambio de ruta obedeció a "congestionamiento vehicular, exceso de ruido y contaminación ambiental". La ATM pretende que con esta disposición mejore la fluidez vial en el centro.



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Usuarios protestaron por cambios en los recorridos de buses de Durán a Guayaquil.

2021-11-08 15:53:58

Tomado de: Expreso Ecuador.

Se instalaron en un tramo de la Pedro Menéndez Gilbert. Aseguran que con el nuevo recorrido pagan hasta doble pasaje.
Diferentes usuarios de las cooperativas de buses del cantón Durán realizaron un plantón en un tramo de la avenida Pedro Menéndez Gilbert, al norte de Guayaquil, para solicitar que las unidades regresen a sus recorridos que tenían hasta el pasado 29 de octubre.
En la manifestación, realizada la mañana de este lunes 8 de noviembre, participaron dirigentes de colectivos ciudadanos, quienes aseguran que, con el cambio de ruta de los buses quienes ya no ingresan al cuadrante de las calles Antepara, Luis Urdaneta, José Mascote y Vicente Piedrahita; se quejan que ahora tienen que pagar hasta doble pasaje para llegar a sus destinos.
"Si antes pagábamos 80 centavos ahora con el cambio es $ 1,50, y si cogemos la aerovía pagamos hasta $ 2. Es una obligación y nos oponemos", señaló Alfredo Carrasco, presidente del Comité de Usuarios de Servicios Básicos de Durán.
En el plantón los usuarios portaron pancartas con leyendas alusivas a sus pedidos. Esperan que la Agencia de Tránsito Municipal (ATM) permita que las unidades vuelvan a los recorridos que tenían antes.
En una publicación, la entidad argumentó que el cambio de ruta obedeció a "congestionamiento vehicular, exceso de ruido y contaminación ambiental". La ATM pretende que con esta disposición mejore la fluidez vial en el centro.



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La historia de tres hermanos asesinados en la peor masacre carcelaria del país.

2021-11-08 15:50:52

Tomado de: Primicias Ecuador.

Han pasado 40 días desde la peor masacre carcelaria de Ecuador, los familiares hablan sobre quiénes eran realmente los hijos y nietos que murieron asesinados en la Penitenciaría del Litoral, porque cada vida cuenta.
La casa de doña Adela Bastidas se distingue entre las pequeñas villas de ladrillos o con cerramiento de hierro de la Cooperativa Reinaldo Quiñónez, al noroeste de Guayaquil.
La vivienda de Adela es la más pequeña, es de caña y techo de zinc. Además, las cañas se han abierto por efecto del calor, de la lluvia y del tiempo; por lo que dejan colar la luz y el agua en el invierno.
Mientras que las ventanas están cubiertas por un pedazo de madera, y lo primero que se encuentra en la entrada de la casa es una conexión de agua que se origina desde el piso de tierra y un tanque verde debajo de la llave esperando que las gotas caigan.
Sus nietos Deiby, Jonny y Darwin Villacís iban a visitarla y a dejarle “cualquier cosita para la comida”, recuerda su abuela a la que llamaban ‘Yeya’.
“Ellos eran comerciantes, desde niños se ponían a vender el pescado en tachitos en Chanduy”, dice Adela.
“Los metieron a la cárcel y nos los devolvieron en pedazos”, cuenta esta abuela que intenta no quebrarse y llorar.
Adela despierta a Daniel Villacís, su hijo, y quien descansa antes de salir al trabajo. Mientras, ella acomoda unas sillas blancas de plástico cerca de la puerta, a la orilla de la cama. Allí recibe el viento de la calle para no ahogarse de calor.
Daniel saca su teléfono y muestra las fotos de sus hijos. Los tres fueron asesinados en la masacre de septiembre de 2021 en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Los hermanos Villacís cumplían sentencia por delincuencia organizada y tenencia de armas, son parte de los 119 presos masacrados en medio de la crisis carcelaria que vive el país.
Los tres eran padres
“¿Dígame si no eran bien guapos mis nietos?”, pregunta Adela, mientras recuerda con indignación que no pudo velarlos como mandan sus costumbres. Además el padre, Daniel, tampoco estuvo en los entierros porque estaba en el doloroso trámite de reconocer los cuerpos en la morgue.
“Un día me dieron el cuerpo de Deiby (28 años), al día siguiente el de Jonni (23 años) y dos días después me dieron el de Darwin (27 años), los iba dejando para que los enterraran enseguida, pero yo no podía quedarme, solo pude enterrar al último y debimos hacerlo todo rápido porque el cuerpo estaba demasiado descompuesto”, cuenta afligido Daniel.
“¿Y si sabe que la chica con la que estaba Deiby se acaba de enterar de que está embarazada?”, le cuenta las últimas noticias Adela a Daniel.
Los tres eran padres. Dejaron siete niños menores de 10 años en la orfandad y el que está en camino a quien ya planean bautizarlo con los nombres de los tres hermanos.
El Estado no se hizo cargo de los servicios exequiales de los hermanos Villacís y de los otros internos asesinados en las cárceles que, según la ley, deberían estar bajo la protección del Servicio de Atención de Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Tampoco ha existido un seguimiento de ayuda psicológica para los familiares, ofrecida por el Gobierno.
Incluso al momento Daniel está endeudado en alrededor de USD 2.500 que pidió prestados para pagar los entierros de sus hijos.
Debe pagar mensualmente una cuota que proviene de su salario de USD 15 que gana cada día. “Elegí las cajas más sencillas, porque no se podía para más”, señala.
Tenían un sueño: ser músicos
Daniel busca en el teléfono recuerdos y pone una canción. El sueño de los hermanos Villacís era componer y cantar. Se hacían llamar ‘Los mensajeros de la calle’.
“Escuche esa voz… ¡Qué linda!”, exclama orgulloso el padre, que compartía la pasión de sus hijos por la música.
“Salieron a él” replica enseguida Adela, “hacía música con lo que encontraba. Convertía las ollas en tambores o hacía sonido con el plato y la cuchara cuando comía, hasta participó sin mi permiso en un concurso en la televisión cuando tenía nueve años”. Al escucharla, Daniel sonríe por primera vez.
Reproduce la canción de sus hijos, y suenan unas notas parecidas a las de una tradicional canción de cuna, mezcladas con el ritmo de hip hop.
“Gabrielita está llorando, el dolor la está destrozando. Gabrielita, qué está pasando, la mamá está preguntando, silenciosa queda mirando la muñequita con la que estaba jugando”, dice la letra.
Dice que sus hijos dejaron por lo menos 300 canciones inéditas y espera, que algún día, un productor musical pueda grabarlas en un disco y que el público las escuche.
En realidad eran cuatro hermanos en la Penitenciaría del Litoral, pero uno estaba en otro pabellón, y no en el lugar en que ocurrió la masacre.
“Escuchó desde su pabellón los gritos de auxilio que pedían los que estaban siendo masacrados. Fue terrible, sé que podemos demandar al Estado, pero Dios hará justicia”, dice Daniel.
“Por lo menos ya salió el cuarto hermano”, dice Adela con esperanza. “Pasa encerrado porque tiene miedo de salir”.



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Ola Bini, el encriptador desencriptado y sus conexiones con la política.

2021-11-08 15:41:57

Tomado de: Primicias Ecuador.

Es una paradoja. El sueco Ola Bini, programador y experto en encriptar dispositivos informáticos, activista de la privacidad de datos personales, está entre la espada y la pared.
Una fotografía de entre los miles que guardaba en su celular aún es la prueba madre del juicio que enfrenta Ola Bini por supuesto acceso no consentido al sistema informático de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT).
La ironía es que su IPhone no tenía varios escudos para encriptarlo, sino apenas una simple clave que fue descubierta por la Policía.
En ese teléfono celular la Fiscalía encontró mensajes de WhatsApp que evidencian las preocupaciones de Bini, luego de la detención del hacker australiano, Julian Assange, en la embajada de Ecuador en Londres, el 11 de abril de 2019.
“Si alguien de la oficina pregunta sobre mí y Julian, por favor niega que tengo conexión, para no preocupar al personal”.
Con ese mensaje, Bini pedía discreción a una colaboradora del Centro de Autonomía Digital (CAD), una fundación de software sin fines de lucro que él lideraba y fundó en Quito, según consta en el proceso judicial.
Con ese mensaje, Bini pedía discreción a una colaboradora del Centro de Autonomía Digital (CAD), una fundación de software sin fines de lucro que él lideraba y fundó en Quito, según consta en el proceso judicial.
Ese día empezó el calvario de Assange y el viacrucis de su amigo Bini, apresado con horas de diferencia, en Quito. Treinta meses después, Ola Bini está a la espera de la audiencia de juicio y se declara rehén del Estado ecuatoriano.
La audiencia debió realizarse el 20 y 21 de octubre, pero fue suspendida por pedido de la parte acusadora: la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT.
El gerente actual de la CNT, Ralph Suástegui, no cumplía aún dos meses en el cargo para esa fecha.
Fuentes de la empresa confirmaron a PRIMICIAS que la diligencia judicial coincidió con una emergencia suscitada en Cañar, por lo que CNT pidió al tribunal posponerla.
CNT es la acusadora particular en este caso, que también tiene a la Fiscalía como un actor preponderante desde el inicio de la investigación.
El supuesto delito que ambas entidades alegan es el acceso no consentido a un sistema informático del Estado ecuatoriano.
El falso hacker ruso
Bini niega los cargos e insiste, con su abogado, Carlos Soria, en que su único delito es ser amigo de Assange.
Las denuncias de persecución se basan en más de 100 supuestas violaciones al debido proceso identificadas por su equipo de defensa.
De hecho, su caso arrancó atropelladamente, con información confusa y contradictoria que el gobierno de Lenín Moreno tenía sobre Bini, a quien inicialmente confundió con un hacker ruso.
Por eso su defensa asegura que desde cuando fue arrestado, mientras esperaba para abordar un vuelo que lo llevaría hasta Japón, no se ha presentado ninguna prueba sólida en su contra.
Ahora Bini es el ícono de un movimiento internacional de informáticos y defensores de derechos humanos que abogan por el derecho a la privacidad en la red y fuera de ella; por el acceso libre a un software seguro y por los derechos digitales.
El último capítulo de esta historia salió a la luz en junio pasado. Carlos Soria, abogado del sueco, presentó una denuncia en la Fiscalía por un supuesto fraude procesal en el que estarían involucrados desde el expresidente Lenín Moreno hasta su ministra de Gobierno, María Paula Romo, y otros funcionarios.
La denuncia fue presentada un día después de que Bini fuera llamado a juicio por la jueza Yadira Proaño. Basó su fallo en los 60 elementos de convicción que presentó la Fiscalía confirmando su teoría del caso.
Soria destaca que la parte medular de la denuncia por fraude procesal es un informe de la Policía sobre la llamada, en abril de 2019, que alertó sobre la salida de Bini hacia el exterior, tras cometer supuestos ataques a los sistemas informáticos del gobierno.
“Ese documento certificado por la propia Policía, que obtuvimos con un recurso de hábeas data, difiere del informe que presentó la Fiscalía sobre la llamada de alias Marco, para iniciar la investigación y detener a Bini”, asegura Soria.
“Eso significa que se forjó un documento, por eso creemos que hay fraude procesal. Además, pedimos la grabación de la llamada, pero no la tienen. Nos indicaron que justo ese día los equipos se habían dañado”, dice Soria.
Programador a los siete años
Para sus detractores y la Fiscalía, Bini tiene dos facetas: una pública, como programador y defensor conocido mundialmente por la defensa de los derechos digitales; y otra, más subterránea, que es la del hacker que operó por años, alineado con Assange y su organización, Wikileaks.
Al igual que el australiano, que estuvo asilado siete años en la embajada de Ecuador en Londres, Bini despierta pasiones encontradas: amor y odio. No admite medias tintas.
Ola Metodius Martin Bini es una figura rodeada de paradojas desde su niñez. Nació en 1982, con el nombre de Ola Martin Gustaffson, en Solbergh, cerca de Gotemburgo, la segunda ciudad más importante de Suecia.
A los siete años ya programaba, jugaba y escribía fórmulas matemáticas. En noveno grado, ayudó a reparar una veintena de computadoras de su escuela, que habían sufrido un ataque informático.
A los 18, al dejar el colegio y sentir que no había aprendido nada, se mudó a Estocolmo. Trabajó en el instituto Karolinska, el centro de investigación médica más prestigioso de Suecia.
Para su primer año de trabajo, según Bini relató en su versión libre ante la Fiscalía, desarrollaba software de enseñanza de medicina. Al año fue trasladado al departamento principal de tecnologías del instituto. Una de sus primeras misiones fue crear software de protección para la universidad.
Se involucró en el desarrollo de programas de acceso libre, creó algunos proyectos y contribuyó al desarrollo de otros. Por su trabajo llegó a ser considerado uno de los seis mejores programadores de su país.
Con el tiempo, se vinculó laboralmente con la empresa desarrolladora de software Thoughtworks International, constituida en Chicago por el informático Roy Singham. Esa organización privada auspició la petición de su visa para residir en Ecuador, a mediados de 2013.
También avaló la solicitud del visado para quien entonces era su esposa, la sueca Malin Johanna Katrin, con quien se casó en 2008. En Ecuador estuvieron juntos varios años, luego se separaron y ella, al parecer, volvió a Suecia.
A pesar de vivir de forma permanente en Ecuador, entre 2013 y 2019, Bini viajaba constantemente al exterior por sus conferencias y asesorías informáticas, así como para visitar a Assange en la embajada en Londres.
En ese período se movilizó más de 70 veces a destinos como Suecia, Brasil, Inglaterra, Chile, Holanda y España. A Europa se desplazó en 28 ocasiones.
Dos meses antes de ser detenido en Quito, Ola Bini estuvo en Venezuela. Participó en la Asamblea Internacional de los Pueblos, realizada en Caracas, del 24 al 27 de febrero de 2019.
En uno de los eventos portó una divisa de Wikileaks, con cuyo líder no solo se identificaba: dijo que era su amigo y mentor. En esas fechas también estuvo en Caracas el excanciller Ricardo Patiño, según informes de Migración.
Precisamente, el 11 de abril de 2019 se enteraba, minutos después de la una de la tarde, del fin del asilo de Assange en la sede diplomática.
A renglón seguido, chateaba con una amiga ecuatoriana, a quien le enviaba el enlace a una noticia digital que recogía la denuncia de la entonces ministra Romo.
Según esa denuncia, hackers rusos miembros de Wikileaks estaban viviendo en Ecuador y los hechos ya estaban siendo informados a Fiscalía.
“No estoy 100 por ciento seguro de que estén hablando de mí. Algunos detalles no cuadran. Pero no es imposible”, le escribió a su amiga a través de su celular, a cuyo contenido accedió la Policía tres meses después, tras descifrar su clave de acceso.
Horas más tarde, intentaba irse a Japón para un viaje de dos semanas a un curso de artes marciales, proyectado desde hacía un par de meses antes.
A los agentes que lo detuvieron les llamó la atención la cantidad de equipos electrónicos -laptops, memorias y celulares- que intentaba llevar en su periplo.
Para él y su defensa, en cambio, su detención violó principios elementales del derecho, pues no tuvo un abogado que hablara en su idioma y no supo de qué delito se lo acusaba, aunque según Fiscalía sí habla castellano, lo cual se habría evidenciado años antes en conferencias que dio en Ecuador.
Chats con políticos
Documentación a la que PRIMICIAS tuvo acceso revela que los contactos de Ola Bini con Ecuador habrían tenido también un origen político.
Al parecer, estas relaciones se consolidaron desde 2012, al tiempo que Assange recibía el estatus de asilado en la embajada ecuatoriana en Reino Unido.
En un chat -parte del proceso judicial- se presentó como amigo de Iván Orosa Paleo. Este español fue asesor del despacho del canciller, tanto en la gestión de Ricardo Patiño, como en la de Guillaume Long.
En conversaciones que mantuvo en agosto de 2013, a través de su celular, recibió en inglés el dato de que “la reunión fue reagendada para el lunes… con Patiño”. Hay varias alusiones al apellido del entonces canciller.
–Entonces, ¿no sabemos si Txema tiene la fuerza para impulsar esto? -Escribe Bini en un mensaje.
Lo más probable es que se refiera a José María Guijarro, conocido como Chema o Txema, economista y político español que también colaboró en el gobierno de la revolución ciudadana, durante ocho años, llegando a ser viceministro de Relaciones Exteriores.
Actualmente es secretario general del Grupo Parlamentario Confederal Unidos – Podemos, en España. Guijarro jugó un papel clave en la concesión del asilo a Assange y en la estrategia para su llegada a la embajada, que fue planificada meses antes por el Gobierno de Rafael Correa.
-Hay otros seis amigos decididos a participar en el proyecto. Si Txema consigue los fondos, creo que Patiño está a bordo. -Le responde su interlocutor.
Desde que se hizo pública la detención de Bini, el excanciller Patiño negó haber conocido y peor aún haberse reunido con el programador. Su abogado también niega cualquier relación política o nexos con Patiño.
Soria subraya que los chats que están en el proceso solo recogen conversaciones personales de Bini con sus amigos y colegas, y que en ninguna habla de desestabilizar al gobierno ni de acercamientos con el excanciller y sus asesores.
“Solo son conversaciones sociales, no hay contactos políticos. Todo eso es parte de la campaña que el anterior gobierno, con María Paula Romo a la cabeza, han tratado de posicionar en la opinión pública contra Bini”, agrega Soria.
¿Contratos con el Estado?
En otros mensajes se da a entender Ola Bini esperaba cuajar contratos con el Estado cuando aún era parte de Thoughtworks. Su abogado niega enfáticamente esa posibilidad y explica que eso ha sido suficientemente probado durante el juicio.
En 2016, hay registros financieros de que Thoughtworks recibió un pago por USD 16.000 desde el sector público.
Bini promocionaba intensamente la bandera del acceso a software seguro en 2014. En esa lógica, fue invitado estelar en eventos que promocionaban el avance digital.
En uno de ellos compartió cartel con Iván Orosa. A través de videoconferencia también participó Assange, que hizo su exposición de una hora desde la embajada en Londres sobre software libre, destacando el trabajo de Thoughtworks.
Otra información que daría cuenta de los movimientos poco conocidos de Bini y su cercanía con el gobierno de Rafael Correa aparece publicado en el libro ‘Después olvidarán nuestros nombres, la historia del agente Ratón y los espías salvajes’, del periodista Juan Carlos Calderón.
Ahí se recoge el testimonio del exagente de inteligencia, Raúl Chicaiza, quien asegura que Bini colaboraba como informático en la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), y sus honorarios fueron cubiertos con gastos especiales.
“Él era contratado por la Senain, es fácil comprobarlo abriendo las IP, es muy fácil, pero eso no lo van a hacer por la Ley de Seguridad Nacional. ¿Para qué se trae a Ola Bini? Hay muchas cuestiones, un hacker no camina de gana”.
El abogado de Ola Bini niega tajantemente esa versión. Asegura que Bini nunca pisó la Senain y tampoco dio ningún curso o capacitación en ese organismo, de lo cual no existe ninguna prueba documental.
Assange y Thoughtworks
“Llega Ola Bini. Amigo del huésped. Alargan la cita hasta las 22:30“. Así consta en la bitácora de la embajada ecuatoriana en Londres; Bini arribó el 19 de julio de 2015, a las 19:00.
El programador consta en los documentos clasificados como asiduo visitante a la sede diplomática en Knightsbridge.
En esa sede diplomática, Assange estuvo asilado entre julio de 2012 y abril de 2019. Período durante el cual Bini se reunió con Assange por lo menos en 15 ocasiones.
PRIMICIAS revisó los reportes de los invitados de Assange a la embajada de Ecuador, a la que en círculos diplomáticos y de inteligencia se conocía como el ‘hotel’.
Uno de los registros muestra los movimientos del 20 de septiembre de 2015. Esa fue una jornada ajetreada para el hacker australiano Assange. Su primer convidado llegó a las 10:10, era el especialista en tecnologías, Roy Singham, fundador y dueño de Thoughtworks International.
El documento de novedades establece que “durante el control protocolario de entrada se detectó en un bolsillo del pantalón del señor Signham un cableado con auricular y un bolígrafo un tanto particular; se le invitó a abandonar sus pertenencias, a lo que accedió sin objeción”.
El documento de novedades establece que “durante el control protocolario de entrada se detectó en un bolsillo del pantalón del señor Signham un cableado con auricular y un bolígrafo un tanto particular; se le invitó a abandonar sus pertenencias, a lo que accedió sin objeción”.
Once personas visitaron ese día a Assange; la última salió de la embajada pasadas las 21:15. El programador sueco Ola Bini estuvo entre ellas.
Por esos días, Bini tramitaba la renovación de su visa ecuatoriana, la 12 VI. De hecho, se había radicado en Quito desde mediados de 2013, como consejero informático de Thoughtworks.
Esta empresa es una filial ecuatoriana de Thoughtworks International, con sede en Chicago, Illinois.
El empresario Singham fundó la empresa estadounidense en 1993; años más tarde se declaró admirador de Hugo Chávez y de la revolución socialista. Para 2015, Singham era uno de los firmantes de las cartas oficiales que avalaban la petición de visa ecuatoriana para Ola Bini.
En 2017 vendió su empresa en USD 720 millones, a una entidad financiera de capital de riesgo, Apax Partners. Cuando la compañía fue vendida, Bini renunció y después fundó el CAD, con sedes en Ecuador, España y Brasil.




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